José Ignacio Ramírez Moreno, natural de Mérida, de 28
años de edad y con discapacidad intelectual ligera: “Antes sí podía votar;
ahora, el juez me dice que no. Está muy feo. Yo votaba a quien quería”. En 2011, tras haber participado en varias elecciones, este estudiante de
auxiliar de oficina fue eliminado del censo electoral.
El Congreso aprobó por unanimidad en octubre una proposición de CiU para
eliminar las restricciones al voto de las personas con discapacidad intelectual.
Se trata de adecuar la ley electoral, que obliga a
los jueces a revisar la posibilidad de privar del sufragio en los procesos de
incapacitación, a la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad, aprobada en 2006 y vigente en España desde 2008. Esta norma
prevé que los Estados deben asegurar la participación de las personas con
discapacidad en la vida política.
FUENTE: “EL PAÍS”
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