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jueves, 12 de julio de 2012

Foro de Salud Mental: La Declaración de Tenerife (junio 2012).

Las organizaciones, asociaciones, profesionales, familiares y usuarios, ciudadanos, reunidos en Tenerife, Canarias, el 9 de junio de 2012 en el marco del XXV Congreso de Salud Mental de la Asociación Española de Neuropsiquiatría-Profesionales de la Salud Mental Consideran que:
- La Salud Mental es un asunto de todos. Dada la dimensión epidemiológica y la repercusión personal y social que suponen los problemas de salud mental, su mejora requiere de la participación y el compromiso de todos los ciudadanos.

- Una atención en la comunidad en salud mental efectuada desde el sistema público de manera sectorizada, participativa, integral y continua es la mejor garantía para la cohesión social y la equidad en salud.

- La atención en la comunidad es la modalidad asistencial que mejor favorecer que las personas con enfermedades mentales sean atendidas en su medio natural, o en aquel al que desean pertenecer, generando sentimientos de pertenecía e inclusión, haciendo efectivos derechos humanos y civiles.

- El respeto a los derechos humanos constituye la base de una colaboración satisfactoria y operativa entre todos los sectores de la comunidad para el logro de la salud mental.

Atendiendo a estos principios y requerimientos,

Declaramos:

1. El bienestar de las poblaciones contribuye a la mejora de su salud mental. No puede existir salud mental donde no estén satisfechas las necesidades básicas de alimentación, vivienda, educación, sanidad y trabajo. Así, la salud mental de la población debe ser tenida en cuenta para formular normas que respalden el desarrollo económico y social.

2. La financiación sanitaria y los gastos sociales en materia de salud mental deben ser consideradas como un derecho y un beneficio social y familiar. De manera que, los recursos materiales y humanos asignados a los servicios de salud mental, deben corresponder a los existentes en países de nuestro entorno y atendiendo a los criterios de la Organización Mundial de la Salud.
Así mismo, los poderes públicos deben corregir las desigualdades en el desarrollo de recursos en materia de salud mental entre los diferentes territorios del Estado y los diferentes grupos de población. Las desigualdades económicas y de género aumentan la vulnerabilidad de las poblaciones humanas.

3. Las leyes, normas y procedimientos clínicos pertinentes para atender a personas con trastornos mentales deben elaborarse en colaboración con profesionales, usuarios y familiares. Para ello, la comunidad y sus gobernantes deben promover y apoyar el desarrollo de organizaciones de  usuarios, de familiares y de profesionales para asegurar una participación activa con su experiencia y conocimiento en órganos de planificación y de toma decisiones; cuidando que sea una participación activa, consciente, responsable, libre, organizada y sostenida para asegurar que las  prestaciones que se reciben son respetuosas con las personas en su calidad de ciudadanos.

4. Las personas con trastornos mentales deben recibir todos los servicios y prestaciones necesarios para su tratamiento, rehabilitación y reinserción social sin sufrir discriminación en relación con el resto de la población, favoreciendo siempre los procesos de recuperación en sus ámbitos naturales.

5. Los poderes públicos deben garantizar recursos de Atención Primaria suficientes, creando y gestionando redes de apoyo coordinadas con servicios los especializados de salud mental.

6. El trabajo en equipos multidisciplinares, la intersectorialidad, la continuidad de cuidados, la valoración multidimensional, las terapias integradas y creativas, las competencias culturales, la calidad y la satisfacción, son ejes vertebradores de una atención efectiva en el ámbito de la salud mental

7. El proceso de prevención, restablecimiento y recuperación en la salud mental comprende, especialmente en personas con Trastorno Mental Grave, la asistencia integral y efectiva de tratamientos médicos y de programas de rehabilitación psicosocial, además de la inclusión económica y social: apoyo a la familia, formación, capacitación y apoyo para el empleo, alojamiento, protección y defensa de los derechos como ciudadanos.

8. Las personas con enfermedad mental y su familia deben contribuir a los debates en torno a su propia atención y poder asumir la responsabilidad de su propio restablecimiento y recuperación. Todas las partes deben ser tenidas en cuenta en las decisiones clínicas, los  tratamientos, la gestión, la planificación, la evaluación e investigación y en las políticas sanitarias. La perspectiva de usuarios y familiares a través de un sistema suficientemente acreditado, supone un valor añadido a las prácticas asistenciales actuales.

9. Es necesario promover la investigación a fin de extraer una base de evidencia científica que avale los datos epidemiológicos y clínicos, así como la eficacia, la eficiencia y la calidad de las políticas y los programas destinados a mejorar la Salud Mental.

10. Nuestra voluntad de cooperación como organizaciones sociales y ciudadanas, tiene como objetivo demandar a gobiernos y responsables de la administración la puesta en práctica de a las políticas necesarias para obtener mejores servicios en salud mental, educación de la población y favorecer la lucha contra el estigma y la discriminación.

La convocatoria resulto del máximo interés, y fue refrendada con la participación de más de 700 asistentes de toda España.

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