Con fecha 15 de febrero de 2013, en la WEB del propio CERMI se publica: “El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha pedido a los miembros del Ministerio Fiscal que se impliquen más intensamente, por todos los medios que les permite el ordenamiento jurídico, en la defensa de los derechos sociales, ante el grave riesgo que corren como consecuencia de la crisis económica y de las reducciones presupuestarias de todas las Administraciones.
En una intervención en el Centro de Estudios Jurídicos de Madrid ante los fiscales responsables del orden civil de toda España, el presidente del CERMI, Luis Cayo Pérez Bueno, ha expuesto la situación de enorme vulnerabilidad de las personas con discapacidad y sus familias, que viven en un estado permanente de precariedad en cuanto al ejercicio de sus derechos humanos básicos.
A juicio del CERMI, el Ministerio Fiscal como promotor de la acción de la Justicia y defensor de la legalidad debe convertirse en valedor de los derechos civiles, sociales y económicos de las personas con discapacidad y sus familias, accionando todos los mecanismos de nuestro sistema jurídico en esta tarea de vigilancia y defensa.
Los fiscales han de ampliar su campo de acción en relación con la discapacidad, maximizando todas las posibilidades legales, para transcender los límites actuales, en los que su intervención se restringe fundamentalmente al campo penal, cuando las personas con discapacidad son víctimas o autores de delito, y al campo civil, cuando el sistema trata de restringir su capacidad jurídica y su plena igualdad ante la Ley”.
Personalmente me parece fenomenal, pero me parece extraordinariamente injusto generalizar y manifestar comentarios populistas, y demagógicos, con relación a la Discapacidad y Dependencia:
- El Mº Fiscal no tiene la culpa de que Asociaciones, Federaciones, Confederaciones,…. de Asociaciones de Personas con Discapacidad, y sus familias, se hayan echado a la piscina del desenfreno despilfarrador corresponsabilizándose de las políticas derrochadoras, e insostenibles, de gobiernos anteriores. Posiblemente había otras formas de abordar el asunto, pero sin el preceptivo momio crematístico todo parece adolecer del interés mínimo necesario.
- La famosa Ley de Integración Social del Minusválido, la Ley13/1982 de 7 de Abril, nuestra denostada LISMI, después de más de 30 años de existencia sostiene incumplimientos flagrantes en su contenido, como por ejemplo en lo referente a su artículo 38.1, donde hace relación a la obligatoriedad de Empresas Públicas y Privadas de tener contratados, como mínimo, un 2% de trabajadores con Discapacidad. Creo que las Entidades y Organizaciones que se arrogan la representatividad del Sector podrían haber hecho algo más, al menos dedicar parte de sus importantes recursos técnicos, humanos y económicos a exigir su cumplimiento. Esto tampoco es imputable, al menos en su totalidad, al Mº Fiscal.
- Otro problema importantísimo de nuestra sociedad actual es el de la falta de ACCESIBILIDAD, en nuestras ciudades, en el transporte, en los Edificios Públicos, etc. Esto no es como consecuencia de ausencia de normativa legal de referencia sino más bien, y lo que es peor, de falta de su cumplimiento. De forma concreta, y ante una acción puntual de una Persona con Discapacidad afecta de Movilidad Reducida, plantea en su Blog Personal con el título “Una Pica en Flandes”, sirva de ejemplo la tediosa andadura ante la penosa actuación de la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, de la inapreciable, desmotivadora e ineficiente actuación de Oficina Permanente Especializada del Consejo Nacional de la Discapacidad del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, la propia Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía, que en escrito “razonado” de 30 de agosto de 2010 manifestaba que, recabados los informe preceptivos de referencia, resulta que el edificio en cuestión “no presentaba problemas de accesibilidad”, después de todo esto, y de mucho más que se omite para simplificar el incidente, la única luz que se atisba en la inmensidad del horizonte proviene del Mº Fiscal, de la Fiscalía Prov. de Córdoba, Sección de Protección de Personas con Discapacidad y de su Coordinador D. Fernando Santos, sin cuya dedicación exhaustiva este asunto nunca hubiera llegado tan lejos y que se materializa en el 1º Decreto del Ministerio Fiscal Español en materia de Accesibilidad. A todo esto, donde estaban las Entidades y Organizaciones gentilmente financiadas, y sostenidas, por la Administración.
Podría seguir con una larguísima lista de asuntos que requieren atención, pero esto no parece resultar de interés para quién tiene la capacidad de abordarlos, obviamente están en otras cosas. Pero en lugar de tirar balones fuera, las Organizaciones y Entidades que se arrogan la representatividad del Sector y, con esto, parecen poseer legitimidad suficiente para abordar con garantías estos asuntos, pidan recursos técnicos, humanos y económicos para que el Mº Fiscal pueda desempeñar esta labor con alguna garantía, a imagen de lo que sucede, como por ejemplo, con la “Violencia de Genero”.
Y con referencia a la Accesibilidad, algo que se echa muchísimo de menos es una política coercitiva y sancionadora adecuada, y para muestra véase el nivel de cumplimiento de la Ley Antitabaco. Si queremos hacer bien las cosas, el procedimiento parece bien sencillo.
La Discapacidad y Dependencia merecen la debida dedicación y profesionalidad, y solo con tecnócratas advenedizos, descolgados de otros menesteres, no desarrollaremos programas eficientes y sostenibles. Esto no es, o no debería ser, un cajón de sastre donde cualquiera tiene cabida, hay multitud de técnicos y profesionales que aportan su dedicación altruista, a la causa, desde hace muchísimo tiempo y no tienen la debida consideración, esto junto con algo de “Interés Legítimo” podría impulsar de forma decidida los temas que nos ocupan.
Por: Javier García (Persona con Discapacidad, Dependiente y afecto de Movilidad Reducida)
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